La delicada situación que atraviesa la histórica empresa láctea Verónica S.A. sumó en las últimas horas un nuevo y complejo capítulo. La Justicia laboral ordenó trabar un embargo preventivo sobre diversas marcas registradas de la firma ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
La resolución judicial tiene como objetivo principal garantizar una eventual ejecución económica por una suma de $371.693.477,96. A este monto inicial se le agregan otros 74 millones de pesos que fueron presupuestados para hacer frente a los intereses y las costas del proceso, elevando la cifra total comprometida a más de 445 millones de pesos.
Desde el ámbito judicial explicaron que este embargo preventivo funciona estrictamente como una medida cautelar. Su propósito es resguardar los activos de la empresa para asegurar los fondos ante una eventual sentencia favorable para la parte demandante, sin que esto implique todavía una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
El contexto de la medida
Esta drástica decisión se produce en el marco de un escenario de creciente conflictividad entre la tradicional firma láctea y el sector trabajador.
Si bien el documento judicial no detalla de manera explícita el origen puntual del reclamo económico, la intervención de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y la radicación de la causa en la órbita de la Justicia laboral confirman que la medida está íntimamente vinculada a la crisis y el conflicto gremial que mantiene paralizada a la empresa.
