Cirugía mayor en el sistema penal de Santa Fe: no habrá más feria judicial

«La feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del cincuenta por ciento (50%) del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda», estipula el texto de 24 páginas y 48 artículos.

La iniciativa votada este miércoles por la Legislatura constituye el mayor cambio del andamiaje penal en la provincia desde 2014. Ese año entró en vigencia el nuevo sistema, pasó del esquema inquisitorio al acusatorio y desplazó el centro de gravedad de la investigación de los jueces a los fiscales.

Después de un intenso ping pong entre ambas Cámaras, que cambiaron el día de sesión al miércoles para poder aprobar la norma antes de Semana Santa, la reforma se convirtió en ley.

En el Senado la iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad. En Diputados cosechó en la votación en general 33 votos positivos entre los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, el peronismo, Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar.

En tanto, se registraron dos votos negativos, de Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, y hubo 14 legisladores ausentes.

En la votación en particular, integrantes de la bancada de Juntos Avancemos -como Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorano y Verónica Baró Graff-, del bloque referenciado en Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz se abstuvieron o votaron en contra de ciertos artículos del proyecto.

Por ejemplo, los referidos al allanamiento (artículo 9) y al allanamiento sin orden judicial (artículo 10), el recurso del hábeas corpus (artículo 36), y la institucionalización de las figuras de agente encubierto, revelador e informante y la entrega vigilada (artículo 39).

Qué cambia en el esquema de juicio de delitos

Se extienden los plazos para presentar

a un detenido frente a un juez

En detenciones ordinarias hasta 8 días y hasta 30 días en supuestos de delincuencia organizada. La crítica señala que alargar el plazo puede implicar avalar el uso arbitrario de esas detenciones.

Más atribuciones para la policía en investigaciones

Se modifica la vinculación entre fiscales y Policía de Investigaciones. Según los impulsores, para eficacia y transparencia de las directivas de investigación. Los objetores dicen que la policía, con vínculos con el crimen en algunos casos, retoma autonomía en las investigaciones.

Se eliminan en algunos casos audiencias ante el juez

 

Eso implica que, para esos casos, se retoman las rutinas de trámite escrito que la reforma implementada en 2014 había cancelado. La falta de audiencias, para los críticos, se convierte en un sistema poco transparente, porque hay una parte del trámite que no se ve.

Eso implica que, para esos casos, se retoman las rutinas de trámite escrito que la reforma implementada en 2014 había cancelado. La falta de audiencias, para los críticos, se convierte en un sistema poco transparente, porque hay una parte del trámite que no se ve.

Allanamientos

Se amplían las variantes de allanamiento sin orden judicial con la meta propuesta de que el fiscal y policía actúen con rapidez, por ejemplo para poder extender una medida a un domicilio a casas contiguas. Se modifica el cese de estado antijurídico par que se actúe en derribo de puntos de venta de drogas y en otros tipos de actividades ilícitas.